Tras el pase a segunda vuelta de Keiko Fujimori para definir la presidencia comenzó a especularse con la posibilidad del indulto a su padre y ex dictador Alberto Fujimori (1999-200), condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Un informe que publicó el diario La República señaló que sectores próximos al ex mandatario están en campaña para "lograr su liberación". El fiscal José Antonio Peláez, titular en los juicios en contra de Fujimori, remarcó que "la Ley de Indultos prohíbe la concesión de este beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad".

El diario peruano afirma que las gestiones del fujimorismo incluyeron algunas conversaciones informales con el presidente Alan García para que dé un indulto en base en las supuestas complicaciones de salud del ex dictador, de 72 años, pero que ese pedido tuvo una respuesta negativa.

"En el Ministerio de Justicia se informó que no había ningún procedimiento formal de indulto. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas (donde atienden a Fujimori) tampoco había sido requerido para emitir dictamen sobre la salud del interno", explicó la publicación.

Los fujimoristas, supuestamente, decidieron poner todos sus esfuerzos en presionar al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva a su favor el pedido de Habeas Corpus que presentó por la supuesta parcialización del tribunal que en segunda instancia confirmó la condena a 25 años por 25 asesinatos y dos secuestros.

La situación de Fujimori es complicada ante el escenario de segunda vuelta, porque si su hija gana, se descuenta que lo liberará, pero a un muy alto costo político, y si triunfa Humala las condiciones en que cumple prisión pueden hacerse más severas.

El fiscal Peláez, remarcó que es un "imposible jurídico" porque el Tribunal Constitucional y la Comisión de Indultos, dependiente del Ministerio de Justicia, ya establecieron que ese beneficio presidencial no se otorga a condenados por delitos de lesa humanidad.

"La Ley de Indultos prohíbe la concesión de este beneficio a condenados por delitos de homicidio calificado y secuestro agravado. El Tribunal Constitucional también se pronunció recientemente sobre que en delitos de lesa humanidad no procedería este beneficio", afirmó.

Peláez fue el fiscal titular en los juicios en contra de Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Insistió en que, desde el punto de vista procesal, es "imposible" anular la sentencia de 25 años de prisión que recayó contra Fujimori ante el cúmulo de pruebas que demuestra su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos

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